Cartas de grupos de intelectuales y académicos contra el regreso del fujimorismo

Pasan las horas y se incrementan las adhesiones que cierran filas frente al pretendido retorno del fujimorismo. Republico ahora distintas cartas enviadas por diversos gremios de intelectuales, historiadores, escritores y diversas personas vinculadas con la vida política y académica del país que han salido a decir de forma tajante y rotunda NO al retorno del aparato criminal y corrupto que gobernó de forma autoritaria durante los años 90, y cuyo mismo equipo intenta enquistarse hoy en el poder bajo la falsa representatividad de la hija del dictador, Keiko Fujimori Fujimori. Nada mejor expresado que a través de las palabras del sociólogo Julio Cotler , varias veces repetidas en estas horas: "El Fujimorismo representa lo más repulsivo y repugnante que puede tener la sociedad peruana".

Entre las múltiples firmas de estos comunicados destacan la del reciente nobel de literatura Mario Vargas Llosa, el escritor Alfredo Bryce Echenique, el sociólogo Nelson Manrique, el politólogo Julio Cotler, el ex congresista Henry Pease, el sociólogo Rolando Ames, el crítico literario Gustavo Faverón, el escritor Fernando Iwasaki, el director del diario El Comercio Francisco Miró Quesada Rada, el politólogo y profesor de la Universidad de Harvard Steven Levitsky, entre varios otros.

Reproduzco los documentos que son de interés cultural y político (el primero de estos es del gremio de escritores).
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CONTRA EL REGRESO DEL FUJIMORISMO Y A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

Quienes suscribimos esta carta expresamos nuestro enérgico rechazo ante la amenaza que, contra la democracia y la libertad de los peruanos, supone la posible resurrección de la dictadura fujimorista.

El régimen de Alberto Fujimori marcó el periodo más siniestro en la historia de nuestros gobiernos republicanos. Fue una década criminal cuyas funestas consecuencias no debemos olvidar, relativizar ni pasar por alto. En los últimos años, el mayor triunfo de la democracia peruana ha sido el rechazo a esa dictadura, el procesamiento judicial de sus líderes y el castigo legal a los innumerables delitos y crímenes contra la humanidad que cometió. El Perú debe rechazar una vez más la impunidad y reforzar su fe en una democracia con justicia para todos y con posibilidades de progreso dentro de un orden legítimo.

Los escritores que firmamos esta carta venimos de lugares muy distintos del espectro político peruano y tenemos ideas divergentes sobre cómo debería ser el manejo económico y social del Perú. Creemos, sin embargo, en el valor de la libertad, el rechazo a la criminalidad y a la violencia de estado, la defensa del orden legal y el respeto a los derechos humanos. Pensamos que estos son cimientos cruciales para la construcción de una nación justa y solidaria.

El candidato presidencial Ollanta Humala ha jurado públicamente defender esos principios. Creemos que nuestro deber en este momento es escuchar ese juramento y que nuestra obligación inmediatamente posterior será vigilar su cumplimiento. El presente nos ha dejado con esa alternativa que es la vía válida de oposición a la reinstauración de la dictadura.

La democracia es el ejercicio de una negociación: todo gobierno debe escuchar a su sociedad civil. La sociedad civil tiene el deber de guiar a su gobierno, hacer sentir su poder y su mandato y fiscalizar su rectitud. Pero esa negociación sólo es posible cuando el poder lo ocupa un movimiento político. El crimen está fuera de ese espectro: no se negocia con quienes han abandonado la política y han elegido la criminalidad.

Por estas razones, los abajo firmantes llamamos a la sociedad a mantener su poder de representación, rechazando el regreso de la dictadura y solidificando, mediante el voto por Ollanta Humala, con una actitud activa y vigilante, nuestro orden democrático. El nuestro es un llamado esperanzado y optimista a la unidad nacional: este 5 de junio, los peruanos debemos defender, a través de un voto responsable y cívico, nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra democracia.

Atentamente,

• Alfredo Bryce Echenique DNI: 10840740
• Mario Vargas Llosa DNI: 06625243
• Miguel Gutiérrez Correa DNI: 06117054
• Abelardo Oquendo Cueto DNI 07774567
• Rodolfo Hinostroza DNI: 06644071
• Fernando Iwasaki DNI: 06517306
• Daniel Alarcón DNI: 46678140
• Santiago Roncagliolo DNI: 10264193
• Diego Trelles Paz DNI: 10770076
• Gabriela Wiener Bravo DNI: 10141561
• Roger Santiváñez DNI: 08104162
• Carlos López Degregori DNI 07770757
• Ricardo Sumalavia DNI: 25564248
• Gustavo Faverón Patriau DNI: 09297955
• Juan Carlos Ubilluz DNI: 25728798
• Miguel Ildefonso DNI: 07466249
• Emilio Bustamante DNI: 10811698
• Juan Manuel Robles DNI: 40037861
• Luis Hernán Castañeda DNI: 41308217
• Jorge Eduardo Benavides Pasaporte: 0426237
• Carlos Yushimito del Valle DNI: 07525367
• Alfredo Pita DNI O6519037
• Rosina Valcárcel DNI: 07330070
• Martín Guerra Muente DNI: 07535897
• Olga Rodríguez Ulloa DNI: 41898752
• Andrea Cabel García DNI: 41624669
• Maurizio Medo DNI: 06026716
• José Carlos Yrigoyen DNI: 10273153
• Eduardo González Viaña DNI: 18172685
• Victoria Guerrero DNI: 09645644
• Jaime Rodríguez DNI: 104349
• Jorge Eslava DNI: 25680876
• Max Palacios DNI: 07877452
• Alexis Iparraguirre DNI: 08157171
• Ezio Neyra MagagnaDNI: 40762566
• Rodolfo Ybarra DNI: 09441432
• Juan Cristobal DNI: 08705429
• Félix Terrones DNI: 40730345
• Carlos Dávalos DNI: 10278109
• Otilia Navarrete DNI 08809979
• Walter Lingán DNI: 23522780
• José Antonio Galloso DNI: 09868715
• Luis Freire Sarria DNI: 06628179
• Gustavo Rodríguez DNI: 07864321
• Percy Encinas C. DNI: 08266219
• Grecia Caceres DNI: 09817275
• Cecilia Podestá DNI: 41028393
• José Güich RodríguezDNI: 07272400
• Harold Alva Viale DNI: 80654533
• Giancarlo Stagnaro DNI: 10003659.
• Richard Parra DNI: 07507025
• Ernesto Escobar Ulloa DNI: 09867828
• Claudia Arteaga DNI: 42500425
• Bernardo Rafael Álvarez DNI 25486055

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Politólogos contra Keiko Fujimori

lunes 30 de mayo de 2011

A la opinión pública

El Perú se prepara para una elección el próximo 5 de junio donde ninguno de los dos candidatos presidenciales exhibe las credenciales democráticas que desearíamos. Sin embargo, ante el dilema existente es ineludible optar, y los politólogos abajo firmantes creemos que la llegada de Keiko Fujimori al poder sería el peor resultado para el país.

Como politólogos valoramos especialmente el régimen democrático, pues permite el pluralismo y el debate abierto, protege las libertades fundamentales y los derechos humanos, restringe las oportunidades para la corrupción y favorece el logro de acuerdos que generan desarrollo y políticas públicas a favor de la población más vulnerable. Debido a estas consideraciones de principio vemos con suma preocupación la elección de la señora Fujimori como Presidenta de la República, pues constituiría la reivindicación del gobierno de su padre que, precisamente, liquidó la democracia en el Perú e impuso un régimen autoritario que cometió crímenes de lesa humanidad como política organizada desde la cúspide del poder, y que hizo de la exclusión, el clientelismo, el abuso y la corrupción sus mecanismos principales de gobierno.

El fujimorismo actual, lamentablemente, no ha deslindado con las prácticas que deploramos del gobierno de Alberto Fujimori. En las últimas semanas hemos visto que sus voceros han elogiado, justificado o minimizado esas prácticas, lo que nos hace imposible creer que la señora Fujimori represente una opción diferente y democrática. Por tanto, y porque creemos que la defensa de los valores democráticos es parte fundamental de nuestro compromiso con el Perú, nos pronunciamos en contra de la candidatura de Keiko Fujimori.

Finalmente, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, consideramos que habrá que mantenerse alerta ante cualquier intento de pasar por encima del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.

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Rolando Ames, Pontificia Universidad Católica del Perú
Julio Cotler, Instituto de Estudios Peruanos
Henry Pease, Pontificia Universidad Católica del Perú
Francisco Miró Quesada Rada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Guillermo O'Donnell, Universidad de Notre Dame
Martín Tanaka, Pontificia Universidad Católica del Perú
Carlos Alza, Pontificia Universidad Católica del Perú
Rosa Alayza, Pontificia Universidad Católica del Perú
Mariana Alvarado, Pontificia Universidad Católica del Perú
Jorge Aragón, Pontificia Universidad Católica del Perú
Omar Awapara, Pontificia Universidad Católica del Perú
Rodrigo Barrenechea, Instituto de Estudios Peruanos
Fabiola Bazo,
Jo-Marie Burt, George Mason University
Maxwell Cameron, University of British Columbia
Julio F. Carrión, University of Delaware
Catherine Conaghan, Queen’s University
John Crabtree, Oxford University
Jennifer Cyr, Northwestern University
Eduardo Dargent, Pontificia Universidad Católica del Perú
Henry Dietz, University of Texas at Austin
Joanna Drzewieniecki,
Graciela Ducantenzeiler, Université de Montréal
Romeo Grompone, Instituto de Estudios Peruanos
Carmen Ilizarbe, Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Carlos Indacochea, The George Washington University
Farid Kahatt, Pontificia Universidad Católica del Perú
Charles Kenney, University of Oklahoma
Denise Ledgard, Pontificia Universidad Católica del Perú
Steven Levitsky, Harvard University
Juan Pablo Luna, Pontificia Universidad Católica de Chile
Cynthia McClintock, The George Washington University
Andrés Mejía Acosta, University of Sussex
Carlos Meléndez, University of Notre Dame
Cynthia Milton, Université de Montréal
Paula Muñoz, University of Texas at Austin
Philip Oxhorn, Mc Gill University
Simón Pachano, FLACSO (Quito)
Luis Pásara, Universidad de Salamanca
Kenneth Roberts, Cornell University
María Ana Rodríguez, Pontificia Universidad Católica del Perú
Eduardo Romero, Nonprofit Roundtable of Greater Washington
Mariela Szwarcberg, University of Chicago
Carlos Torres Vitolas, London School of Economics
Jorge Valladares, University of Essex
Sofia Vera, Instituto de Estudios Peruanos
Alberto Vergara, Université de Montréal
Coletta Youngers, Washington Office on Latin America

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Pronunciamiento de historiadores frente al retorno del fujimorismo

A la opinión pública:

En los próximos días, nuestro país enfrentará un momento crucial. Como ciudadanos, tendremos que elegir a un nuevo gobernante entre dos opciones. Una de ellas es la Sra. Keiko Fujimori, cuyo entorno es el mismo que dirigió al país en la década de 1990 bajo la jefatura de su padre, Alberto Fujimori, actualmente en prisión por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Frente a esta circunstancia, los historiadores e historiadoras abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico rechazo hacia el proyecto político que ella y su organización representan. El fujimorismo fue el responsable de la destrucción de la institucionalidad democrática y la formación de la mayor red de corrupción de nuestra historia, de cuyos efectos el país ha buscado recuperarse en la última década.

Por ello, en tanto estudiosos de nuestro pasado y promotores de la vigencia de la memoria histórica de nuestra nación, instamos a la ciudadanía a no olvidar el legado antidemocrático y corrupto del fujimorismo. Recordar la historia a veces nos puede resultar desagradable, pero es la única manera de ser conscientes de que hay errores que no podemos repetir para poder construir un presente digno y un futuro con esperanza.

Por medio de este documento queremos dejar constancia de nuestro compromiso, sea cual fuere el resultado de las elecciones, de defender el Estado de derecho, los valores democráticos y el pleno respeto a los derechos humanos. De igual manera, nos mantendremos vigilantes para garantizar la independencia de la investigación histórica, única forma de evitar la manipulación del discurso histórico con fines políticos.

Lima, 26 de mayo de 2011


Carlos Aguirre, University of Oregon, Eugene, DNI 09068961
Cristóbal Aljovín de Losada, Pontificia Universidad Católica del Perú
Fernando Armas Asín, DNI15355225
Jesús Cosamalón, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 08023897
Marcos Cueto, DNI 10265401
Nicanor Domínguez, Boise State University, Idaho, DNI 08761340
Paulo Drinot, University of London, DNI 06522303
Alan Durston, York University
Jefrey Gamarra, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Paul Gootenberg, Stony Brook University, New York
Greg Grandin, New York University
Karen Graubart, University of Notre Dame
Jaymie Patricia Heilman, Universidad de Alberta – Canadá
Iván Hinojosa, Pontificia Universidad Católica del Perú
Peter Klarén, George Washington University
Pablo F. Luna, Université Paris Sorbonne, DNI 06519231
María Emma Mannarelli, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Nelson Manrique Gálvez, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 07779676
Sara Mateos FM CE000306897
Cecilia Méndez, University of California, Santa Barbara, DNI 087-99664
Rachel Sarah O’Toole, University of California, Irvine
Alfonso Quiroz, Baruch College and Graduate Center, City University of New York
Francisco Quiroz, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 25505843
Gerardo Rénique, City College of the City University of New York, DNI 06350465
José Luis Rénique, Lehmann College, City University of New York, DNI 06379628
Natalia Sobrevilla Perea, University of Kent, DNI 09339931
Imelda Vega Centeno, 07182076
Teresa Vergara Ormeño Pontificia Universidad Católica del Perú/Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 07936025
Charles Walker, University of California, Davis 213213059
Pablo Whipple Morán, Pontificia Universidad Católica de Chile
Antonio Zapata, Pontificia Universidad Católica del Perú
Carlos Aburto, Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, DNI 07756818
Gabriela Adrianzén, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 42679412
Roisida Aguilar, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 23935505
Patricio Alvarado Luna, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 71236875
Yoni Amanqui Tacar, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, DNI 42679412
Víctor Arrambide, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 40397390
Maribel Arrelucea, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 09717169
Alfredo Ávila, Universidad Nacional Autónoma de México
Jorge Bedregal La Vera, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, DNI 29539030
Jelke Boesten, University of Leeds
Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, DNI 24136006
Jorge Bracamonte, DNI 06408853
Andrea Valentina Calderón, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, DNI 45575863
Juan Carlos Callirgos, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 08769170
Alonso Campos, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 45457339
Jorge Cárdenas Arana, Universidad San Martín de Porres, DNI 70275722
Gerardo Castillo, Pontificia Universidad Católica del Perú, DIN 07976242
Miguel Costa Vigo, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 09877239
Yeidd Alonso Chávez Huapaya, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 1076280
Bartholomew Dean, University of Kansas
Julia Famularo, Georgetown University
Carla Di Franco, DNI 40003505
Román Flores, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), DNI 10587205
Juan Fonseca, Universidad Bíblica Latinoamericana, DNI 09759298
Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano – Chile
Ricardo Guerrero, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 40840241
Francisco Hernández Astete, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 07865911
Edwin Huancahuari Carrasco, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 41942154
José Luis Igue, University of California, Santa Barbara, DNI 41541782
Juan Carlos La Serna, Universidad de Lima, DNI 40814681
Beatriz Margarita Leal, Pontificia Universidad Católica de Chile
Adrián Lerner, Instituto de Estudios Peruanos, DNI 43810632
David Ricardo Antonio Leyva Jiménez, DNI 10799315
Álex Loayza, El Colegio de México, DNI 09872234
Lawrence W. McMahon, Georgetown University
Victor Maqque, Universidad de Notre Dame, EEUU. DNI 01332195
Francisco Medina Chávez, DNI 18011423
Javier Medina Landeo, DNI 2155780
Michael Mendieta, Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, DNI 06802188
Cynthia Milton, Université de Montréal
Jorge Moreno Matos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 06633042
Martín Muñoz, DNI 45293586
Valeria Neves, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 40960324
Nicolás Ocaranza, École des Hautes Études en Sciences Sociales – París
Pablo Ortemberg, Argentina, Documento de Identidad 2412708
Shirley K. Pazos Bashualdo, DNI 42279172
Juan Paulo Palacios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 43373808
Liliana Peñaherrera Sanchez, DNI 06645507
Alex Pimentel, DNI 42229326
Javier Puente Valdivia, Georgetown University, DNI 41517435
Rosa Pulido, Pontificia Universidad Católica de Chile
José Ragas, University of California, Davis DNI 10587115
Monica Ricketts, Temple University
Milagros Rodríguez, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 422758887
Roxana Rodríguez-Cadilla, DNI 09673363
Juan Pablo Ronco Castillo, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 42814481
William San Martín, University of California, Davis
Álvaro Sialer, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 40036965
Matteo Stiglich, University of California, Berkeley, 41276815
Juan José Torre, DNI 10734811
Nicola Torriti Zolezzi, DNI 40960583
Jorge Valdez Morgan, Pontificia Universidad Católica del Perú DNI 40087220
David Velásquez Silva, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 40852804
Roel Alonzo Torres, Pontificia Universidad Católica del Perú, DNI 10723476
Francisco Medina Chávez, DNI 18011423
Javier Medina Landeo, DNI 21557800
Juan Paulo Palacios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, DNI 43373808
Shirley K. Pazos Bashualdo, DNI 42279172
David Ricardo Antonio Leyva Jiménez, DNI 10799315
Marylin Vásquez Gonzales, Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa, DNI 45941764
Héctor Velásquez, DNI 06994867

Agradecemos también a aquellos colegas que por razones personales y profesionales no pueden adherirse públicamente al presente pronunciamiento pero que nos han hecho llegar su apoyo y solidaridad

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanza campaña 'Fujimori Nunca Más'

Elegir a Keiko Fujimori sería un suicidio moral para el país

Las 79 instituciones integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) junto con otros colectivos de jóvenes, estudiantes, mujeres, artistas y público en general; lanzaron hoy la campaña “Fujimori nunca más”, que está encaminada a invocar abiertamente un voto en contra de la impunidad y la corrupción, representado en la candidatura de Keiko Fujimori.

La conferencia contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, Victoria Vigo, víctima de esterilización forzada, Marly Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo (estudiante desaparecido en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército), Indira Huilca, hija del dirigente gremial asesinado Pedro Huilca y el vocalista de la agrupación musical “La Sarita”, Julio Pérez.

Silva Santisteban afirmó que un futuro gobierno de Keiko Fujimori sería uno que lleve al poder a un grupo de personas que articularon una maquinaria corrupta que violó y perpetró sistemáticamente una serie de latrocinios en contra de los derechos humanos. Asimismo, aseguró que “un gobierno de Keiko Fujimori será uno que haga lo imposible por la salida de la cárcel de Alberto Fujimori a través de un indulto o de un Habeas Corpus, además, no cumplirá con el Plan Nacional de DDHH ni con las reparaciones ni recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CVR)”.

La Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH consideró además que una elección de Keiko Fujimori sería un suicidio moral para el país, pues ella representa a su padre y, éste, ha sido el presidente más corrupto del país y uno de los 7 gobernantes más corruptos del mundo entero.

Por su parte, el abogado del IDL Carlos Rivera, reafirmó que el objetivo central de la campaña es evitar el arribo al poder del fujimorismo “nosotros creemos que el retorno del fujimorismo al poder, solo 10 años después, es una posibilidad nefasta para la democracia del país. El fujimorismo es una mafia que se enquistó en las estructuras más elevadas para saquear al Estado Peruano”.

Asimismo, recordó que la candidata no está exenta de esos hechos ilícitos de los años 90, pues hay una investigación abierta en la fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito para financiar sus estudios con el dinero de la corrupción. “Hay otros elementos como la expresión constante de rechazo al Sistema Interamericano de DDHH y el claro objetivo de liquidar los procesos de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos. El ideólogo del 1097, Rafael Rey, es el que seguramente retomará esas iniciativas”, culminó Rivera.

Francisco Soberón recordó los casos de crímenes contra periodistas víctimas del gobierno de Fujimori, “tenemos el caso de Pedro Yauri, periodista radial de Huacho desaparecido y en donde se acaba de condenar a Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos y a toda la cadena de mando por el crimen. Además, tenemos el caso del periodista de Ayacucho asesinado por el grupo Colina, Luis Morales, y que actualmente está iniciándose el juicio oral contra 3 generales del gobierno de Alberto Fujimori”.

Soberón recordó además al estamento militar que también sufrió agravios y torturas en la época del fujimorismo “recordemos el caso del estamento de los militares del 13 de noviembre, del General Salinas Sedó, o el caso del General Robles, quien por denunciar los crímenes del grupo Colina sufrió la persecución de él y de su familia”.

Victoria Vigo, víctima de esterilización forzada, recordó que ha tenido que esperar 7 años para que finalmente la justicia le dé la razón y pueda concluir que lo que le sucedió fue parte de una política del gobierno de ese entonces. Además, afirmó que “se tomó la política de las esterilizaciones como una política de desarrollo y esa es una gran falacia. Es lamentable ver que las personas que estuvieron en ese entonces nuevamente están queriendo llegar al gobierno. Esas cosas pueden volver a suceder si no ponemos un alto”.

La hermana del estudiante desaparecido en los sótanos del SIE, Marly Anzualdo, recordó el crimen cometido contra su hermano, justamente a dos días de rendir su declaración a favor de un amigo desaparecido. “Quiero dirigirme a cada peruano que tiene un poco de dignidad para decirle no al fujimorismo. Esta voz es de esperanza porque ellos no han partido por las puras, nosotros queremos un país mejor, necesitamos políticas públicas para sanar lo que se hizo con el país y con Keiko no tenemos garantizado eso, por dignidad esa no es una opción para nosotros”, indicó Anzualdo.

El cantante de la Sarita Julio Perez, consideró que hay elementos suficientes para temer un retorno de esta mafia ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori “el riesgo es muy grande, me sumo a esta campaña en calidad de un ciudadano que no quiere resignarse a que su país sea un país moralmente y éticamente inviable, por eso hago un llamado a una reflexión profunda e inflexible a todas las personas que justifican el gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori fue corrupto y violador de derechos humanos desde un principio, y no podemos olvidar y avalar este hecho dejándonos llevar por el interés del horror económico”.

La campaña “Fujimori nunca más” seguirá trabajando todo el mes con una serie de actividades, marchas y movilizaciones pacíficas, que culminarán el 26 de este mes en una gran concentración que se realizará en la Plaza San Martín.

(tomado de la web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos)

40 veces Ollanta

Jaime Bayly ha sido contratado en el canal 4 (América TV) para poner en marcha una campaña de demolición contra el candidato Ollanta Humala. Se trata de uno de los episodios más bajos de la bancarrota ética desoladora que atraviesa el país en este instante y que intenta traer de vuelta al poder a la hija del dictador y su misma cúpula mafiosa que fue echada del poder por las movilizaciones populares y las evidencias flagarantes de corrupción, hace tan solo 10 años. 800 mil dólares por programa para Bayly para repetir la tácita e insultante doctrina de que lo mejor es que el país nuevamente sea entregado a quienes no tuvieron escrúpulos en utilizar la fuerza militar para imponer su parecer en el Congreso, a quienes no dudaron en emplear la desaparición, la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado, a quienes tuvieron el asqueroso descaro de esterilizar a la fuerza a más de 300 mil mujeres campesinas, a quienes compraron todos los canales de televisión y medios impresos, a quienes saqueron programáticamente el Estado para beneficio propio y de su dirigencia, a quienes impusieron por la fuerza decretos de ley para asegurar su permanencia en el poder, a quienes reprimieron a los estudiantes y desarticularon los sindicatos, a quienes robaron la oportunidad real al país de salir de la pobreza al llenarlo de medidas asistencialistas y paternalistas sin ningún sostén económico real, a quienes dejaron en bancarrota a todas las instituciones públicas, a quienes promulgaron artículos de impunidad flagrante para aquellos cómplices que probadamente habían puesto en marcha operativos criminales dirigidos desde la presidencia.

Pongamos atención a las estrategias de la prensa pagada y manipulada para la entrega del país a la mafia. Reproduzco este excelente video de la web Antiprensa.pe de visita obligatoria

40 veces Ollanta from AntiPrensa on Vimeo.

Fujimorismo Nunca Más

Reproduzco una serie de spots de la urgente contracampaña mediática que se está poniendo en marcha ante la vergonzosa alineación editorial de varios de los principales medios de comunicación en el país con el Fujimorismo y la candidatura presidencial de Keiko, la hija del dictador Alberto Fujimori (hoy en cárcel sentenciado con 25 años por crímenes contra los derechos humanos), que ha hecho incluso que varios periodistas sean despedidos o removidos de sus cargos por no ponerse al servicio del discurso fujimorista --ver nota hoy en La República.

A menos de un mes de la segunda vuelta, el asqueroso e interesado lavado de rostro que se le quiere hacer a la mafia fujimorista desde esos poderosos medios de prensa y sus aliados empresariales, y la campaña de miedo que se viene empleando desde algunas tribunas contra el otro candidato, Ollanta Humala, pone nuevamente en evidencia el poderoso rol de la imagen en las luchas simbólicas por el poder.

Reproduzco una serie de spots que han empezado a circular desde hoy recordando en voz alta de que hablamos cuando hablamos de fujimorismo.

HAGAMOS MEMORIA. Mañana 5 de abril, a 19 años del GOLPE: NO A KEIKO Y AL FUJIMONTESINISMO

PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA

El 5 de abril, varias organizaciones sociales y activistas desarrollarán una jornada de reflexión para recordar de manera crítica el autogolpe de Estado que Alberto Fujimori perpetró en 1992.

El evento tendrá lugar en la plaza San Martin en el Centro de Lima a partir de las 10:00 a.m. y contempla tres actividades principales: una feria informativa sobre los temas de corrupción, derechos humanos y criminalización de las protestas sociales; una muestra de piezas críticas sobre el período de la dictadura y de la guerra interna, a cargo del colectivo Museo Arte por la Memoria; y un concierto de clausura de la jornada.

Dichas actividades proponen una memoria ciudadana comprometida con el respeto a la vida y los derechos humanos, y en los que se reflejan los diversos procesos de reivindicación y lucha contra el autoritarismo, la corrupción, la violencia del Estado y contra las numerosas formas de opresión sufridas por las organizaciones estudiantiles, sindicales y populares durante el régimen fujimontesinista.

De igual manera, constituye un llamado a la movilización y expresión pública del rechazo a la herencia del fujimontesinismo, tanto en lo que respecta a la política económica antinacional y antilaboral como en lo que concierne a la debilidad de nuestras instituciones de convivencia democrática y a la persistencia de un sistema de corrupción en los altos niveles del Estado, especialmente para la negociación de nuestros recursos naturales.

Los organizadores del evento destacan que "recordar el autogolpe 19 años después no es un simple ejercicio de memoria: la memoria por la que nos movilizamos es parte de una lucha política permanente y especialmente vigente hoy, próximas las elecciones nacionales, cuando los rostros representativos de los años oscuros se aferran a la popularidad electoral de la hija del reo Fujimori para volver al Congreso de la República y continuar su agenda: el indulto al dictador y el boicot a la democracia".

En tal sentido, hacen un llamado a los interesados a apoyar esta causa a contribuir con sus aportes, donando a partir de un nuevo sol en la cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) 193-20935652-0-2, lo cual servirá para financiar parte de las actividades del 5 de abril en la Plaza San Martín.

Como se recuerda, el 5 de abril de 1992 abrió para el país un ciclo de corrupción, manipulación de los medios de comunicación y recorte de las libertades ciudadanas, además de agravar el escenario de violación de derechos humanos que acompañó el período de guerra interna desde la década de 1980.

Miserables: El gobierno de Alan García pretende total impunidad para los acusados de cometer violaciones de derechos humanos

Plan maestro para la impunidad: el gobierno de García acaba de promulgar una serie de decretos ley (1094, 1095, 1096, 1097) que, dicho sucintamente, pretenden que las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas por el Estado durante 1980 y 2000 (los años de la guerra) tengan un plazo de prescripción, abriendo via libre para la impunidad máxima. La estrategia estaba cantada, la premura en promulgar estos decretos que no solo agreden la jurisdicción del Tribunal Constitucional, sino que buscan de forma vergonzosa y ruin el archivamiento sistemático de un gran número de casos no resueltos por violaciones de derechos humanos, muchas de ellas ejecutadas --obviamente-- durante el primer gobierno de García (1985-1990) pero también durante la dictadura de Fujimori-Montesinos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (ver el títular en el post anterior).

Jugada maestra ciertamente del aprismo y del fujimorismo coludidos casi coreográficamente. La movida magistral de esta acción fue la inaudita entrega de facultades legislativas en materia procesal al Poder Ejecutivo, que acaba de legislar, por la puerta de atrás, estos decretos a todas luces inconstitucionales (como el DL 1097). Otro detalle más: quien lo impulsó fue precisamente el fujimorista Rolando Sousa, quien presidía la Comisión de Justicia. Y como lo indicó el congresista Daniel Abugattás, Sousa es nada más y nada menos quien comparte un estudio de abogados con César Nakazaki (estudio Sousa & Nakazaki) que defiende a decenas de militares procesadores por violación de derechos humanos (y también a Fujimori) que serán beneficiados de forma directa. Pero al margen de la posible corrupción -que ya es pan de cada día-, lo alarmante y escandaloso de estos decretos es la manera miserable en la cual se busca limpiar la responsabilidad de los mandos del Estado, burlándose de la memoria irresuelta de miles de desaparecidos y víctimas de la violencia ilegal militar durante el conflicto. Leyes que pueden desatar un efecto dominó de impunidad: no casualmente ya el mismo viernes, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), general Juan Rivero Lazo, solicitó acogerse al DL 1097 para el archivamiento del proceso judicial en el caso de Barrios Altos. Nada mejor que aprovechar la atención mediática sobre las elecciones municipales para este aberrante proceso de lavado de manos, presidida por el Ministro Rafael Rey.

Reproduzco información sobre ello. Un primer artículo (en Ideeleradio) de hace algunos días atrás -anterior a la promulgación de estos decretos- donde un acertado Salomon Lerner Febres, ex presidente de la CVR, pedía estar atentos a esta última etapa del régimen aprista y su posible intención (hoy confirmada) de dar amnistía en favor de militares. Una segunda nota con el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos sobre las implicancias de la promulgación de estos derechos. Y un tercer artículo publicado hoy en La República ya sobre el primer intento de archivar casos de violación de derechos humanos.

ES URGENTE UNA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL. QUE NO PASE LA IMPUNIDAD Y EL INCONSTITUCIONAL DL.1097 QUE QUIERE LIMPIAR A LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA ILEGAL POR PARTE DEL ESTADO.
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viernes 27 de agosto de 2010

Salomón Lerner pide estar atentos ante posible amnistía a favor de militares

Ideeleradio.- Debemos estar atentos en esta última etapa del régimen aprista porque existe la posibilidad de que se elaboren proyectos de amnistía a favor de militares implicados en actos de violación de derechos humanos, afirmó Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Fue al hacer un balance en materia de judicialización de casos y cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a siete años de la entrega de este documento.

“Yo espero que no suceda [esto de la amnistía a militares o Fujimori], pero en nuestro país ocurren cosas en torno a los pronunciamientos, llamados de la justicia y actitud de parte del Ejecutivo que nadie entiende, como el caso Crousillat, el tema de la pena de muerte o el pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Creo que hay que estar atentos por ese lado, en un fin de régimen pareciera que uno tiene ya carta libre para todo, puesto que ya se va y que si hay problemas que [los] cargue el siguiente [régimen], entonces por allí creo que habría que tener cuidado, la presión además es grande para que se den estas en nombre de la reconciliación”, agregó.

No habrá avances en lo queda de régimen aprista
Indicó que en el caso de la judicialización de casos, existen aspectos positivos y otros que merecen rectificación. Rememoró que la CVR presentó 47 casos de violación de derechos humanos, que devino en 61 procesos penales. Ratificó que muchos de los casos no pueden culminar por la negativa del Ministerio de Defensa de entregar información sobre los oficiales procesados.

“Esto de algún modo se multiplicó y a la fecha hay ocho procesos con sentencia definitiva, tres que están en primera instancia, algunos pocos en juicio oral, otros 14 en etapa intermedia y 22 en investigación preliminar, hay avances, un rechazo enérgico a los intentos de amnistía que por algún lado asomaron y la posibilidad siempre está latente, lo que yo diría tiene nombres propios, pero la tendencia internacional no apoya esta actitud”, explicó.

“En lo que queda del gobierno de Alan García, no soy muy optimista para avizorar mayores avances en lo que toca judicialización, además hay que considerar que mucho de los casos, no pueden ir adelante simplemente por falta de información negada desde el Gobierno, los ministros y el Ministerio de Defensa, en torno a poder dar nombres concretos de violadores de derechos humanos en el pasado”, anotó.

Reparaciones individuales: una tarea pendiente
El ex comisionado dijo tener la esperanza de que en un próximo gobierno se ponga más énfasis en materia de justicia sancionadora y reparadora. A nivel de las reformas institucionales propuestas por la CVR, mencionó que estas han quedado absolutamente huérfanas y desamparadas.

“No se empieza con las [reparaciones] individuales, no se ha llegado a culminar el registro de víctimas, se ha hecho depender las reparaciones económicas individuales a que esté terminado el registro, cosa que me parece insensata y allí hay una gruesa tarea por delante”, cuestionó.

“[…] A lo largo de estos años lo que se ha planteado es un balbuceo, un comienzo de conversación que lleva a la acción, pero que está lejos de ser pleno. A diferencia de otros países, aquí la Comisión de la Verdad sigue viva, ha sido un buen diagnostico pero desgraciadamente no se ha avanzado como lo habíamos planeado”, añadió.

La insensatez contra la CVR
Lerner Febres calificó, finalmente, como una insensatez que a siete años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se continúe argumentando que este documento es condescendiente en relación a las execrables actividades terroristas de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

“La comisión fue enfática en rechazar y condenar el terrorismo, lo cual nos ha valido la crítica de ciertos sectores de la izquierda, en función de las cifras que nosotros manejábamos, la mayor responsabilidad en los números de víctimas, muertos y desaparecidos, fue por parte de Sendero y no por parte del Estado”, recordó.

“Señalamos que Sendero es la antipolítica, una máquina de moler carne, que era la muerte en acción, que no tenía lugar en la vida política del país y frente a aquello que significó Sendero, en la tipificación de los delitos, nosotros planteamos aquello que permitió el juicio y condena de [Abimael] Guzmán que es la teoría de la autoría mediata, todo eso es un juicio absolutamente contundente frente al MRTA y las acciones terroristas, de modo tal que es una insensatez afirmar que el informe tiene un sesgo pro terrorista”, finalizó.

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Decretos Legislativos buscan impunidad en derechos humanos y criminalizan más la protesta social
Publicado el 02 September 2010

En conferencia de prensa realizada esta tarde en el local de la CNDDHH, los organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a los decretos legislativos recientemente aprobados por el Ejecutivo que criminalizan aún más la protesta social y buscan impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.

Representantes de los organismos alertaron sobre las implicancias que ya están teniendo estos decretos legislativos. Precisamente hoy, el abogado del general Noriega, implicado en el caso de Mariela Barreto, pidió el archivamiento del caso basándose en los respectivos decretos. Además, señalaron que estos decretos podrían, en el escenario más próximo, absolver y poner en libertad a Santiago Martin Rivas, al igual que podrían servir como andamiaje para poner en libertad al ex presidente Alberto Fujimori.

VER:
Procesados que se benefician con libertad o sobreseimientos
Casos mas saltantes de graves violaciones a derechos humanos en proceso

Los organismos de derechos humanos expresaron públicamente su rechazo a gran parte del contenido de los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo por las razones siguientes:

Sobre el decreto legislativo Nº 1097
1. Respecto al decreto legislativo Nº 1097, referido a la aplicación de normas procesales por delitos que implican violaciones de derechos humanos, resulta inaceptable que la Primera Disposición Complementaria y Final señale que la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos sólo surte efecto recién a partir de noviembre del 2003, contradiciendo así sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, en el caso Villegas Namuche, entre otros.

Sin duda constituye un serio retroceso que va en contra de la Convención americana y que pretende la impunidad de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa en el Perú. Inclusive, esta norma podría terminar beneficiando a los terroristas que perpetraron crímenes de lesa humanidad.

2. Por otro lado, el decreto legislativo Nº 1097, adelanta la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, con un afán supuestamente garantista, pero que en el fondo lo que pretende es beneficiar indebidamente a personal militar y policial acusado de crímenes contra los derechos humanos, afectando seriamente la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 2.2º de la Constitución, pues son beneficios concedidos con nombre propio a un grupo determinado a pesar de la gravedad de los crímenes perpetrados.

Por ejemplo, en virtud de esta nueva norma, los militares o policías acusados de violaciones de derechos humanos podrán cumplir arresto domiciliario en “instalaciones militares o policiales”, esto es, no sólo cuarteles sino hasta centros recreacionales de las fuerzas armadas o la policía nacional. Asimismo, se aplica el plazo máximo de 36 meses de detención previsto en el antiguo Código procesal penal, sin tomar en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional que consideró válido extender dicho plazo más allá de los 36 meses en el caso de delitos complejos como lo son, evidentemente, los crímenes de derechos humanos.

Sobre el decreto legislativo Nº 1095
3. En relación al decreto legislativo Nº 1095, referido a reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, preocupa la definición contenida en el artículo 3.f) sobre “grupo hostil”, pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas.

4. A su vez, resulta inaceptable la modificación del artículo 27º de este decreto legislativo Nº 1095, en comparación con el artículo 13º de la derogada ley Nº 29166 y con los proyectos de ley sobre la materia consensuados en el seno de la Comisión Nacional de derecho internacional humanitario (Conadih), que hacían referencia exclusivamente a los “delitos de función” cometidos por personal militar. En cambio ahora, el referido artículo 27º se refiere genéricamente a “conductas ilícitas atribuibles al personal militar”, en una clara intención de abarcar los delitos comunes que pudiera cometer el personal militar en el marco de esta norma.
Cabe señalar, que este cuestionable artículo 27º remite al personal militar al fuero militar policial, con lo cual, la intención sería extender la competencia de este fuero al juzgamiento de delitos comunes, lo que constituiría una grave afectación a la Constitución y la Convención americana.

Sobre el decreto legislativo Nº 1094
5. En el caso del decreto legislativo Nº 1094, que aprueba un nuevo e innecesario Código penal militar policial, es muy grave que se haya vuelto a incorporar y tipificar supuestos de delito de función que en el año 2006 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y expulsados del ordenamiento jurídico.

En efecto, el nuevo Código penal militar policial tipifica los delitos contra operaciones humanitarias (artículo 95º), de utilización indebida de signos protectores (artículo 96º), daños extensos y graves al medio ambiente natural (artículo 97º) y delito contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario (artículo 88º y ss.), que fueron declarados inconstitucionales y expulsados del ordenamientos por la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2006 recaída en el Expediente Nº 0012-2006-PI/TC.

De esta manera, queda en evidencia que fue tan sólo un pretexto la justificación para la delegación de funciones legislativas aprobada por la Ley Nº 29548, que mencionaba la necesidad de adecuar este código a lo dispuesto por la jurisprudencia del TC; justificación que inclusive fue esgrimida públicamente por el presidente del tribunal supremo de justicia militar.

Sobre el decreto legislativo Nº 1096
6. En el caso del decreto legislativo Nº 1096, que modifica la ley de organización y funciones del fuero militar policial Ley Nº 29182, e Gobierno reitera un modelo de organización de la justicia militar policial contrario a lo desarrollado por la jurisprudencia de la Comisión y la Corte interamericanas sobre la materia.

Inclusive, este decreto legislativo es muestra de la grave inconsistencia de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00001-2009-PI/TC que a fines de diciembre del año 2009, sostuvo que los jueces y fiscales militares podían ser —a la vez— oficiales en situación de actividad, sin restricción alguna. En cambio ahora, la norma en referencia establece que tanto el tribunal supremo de justicia militar policial como el consejo ejecutivo del fuero militar policial, tendrán una composición mixta de oficiales en retiro y en actividad.

Lima, 2 de septiembre del 2010

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PJ verá pedido de Rivero Lazo para archivar Barrios Altos
Lun, 06/09/2010 - 09:43

Crucial. Quiere los beneficios del decreto legislativo N° 1097. Organismos de DDHH dicen que ley encubre una amnistía al grupo Colina. Caso de Rivero se aplicaría a todos. Víctimas de violaciones de DD.HH. solicitan a jueces no aplicar DL 1097
por Ana Véliz.

El juicio al destacamento Colina y sus jefes militares por la matanza de Barrios Altos, que se desarrolla desde hace cinco años en la sede judicial de la Base Naval del Callao, tendrá hoy una audiencia decisiva, a partir de las 9:00 de la mañana.

La 1° Sala Penal Especial, integrada por las juezas Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, deberá resolver el pedido del ex director de la DINTE, general (r) Juan Rivero Lazo, para declarar sobreseído este proceso en aplicación del Decreto Legislativo N° 1097.

Dicha norma, promulgada por el gobierno el miércoles último, establece que los jueces deberán declarar el sobreseimiento (archivo) de un proceso judicial cuando se haya superado en exceso el plazo máximo de la instrucción (investigación judicial). Ese plazo máximo, de acuerdo con el Código Procesal Penal, es de 14 meses, ya superado largamente en casos de violación de Derechos Humanos.

Si bien en un juicio en trámite ya no se toma en cuenta dicho plazo, el DL 1097 ordena a los jueces tenerlo en cuenta y aplicarlo, lo que dejaría sin castigo la matanza de Barrios Altos.
Esa disposición, en opinión de diversos organismos defensores de DDHH en el país y el extranjero, se convierte en una amnistía encubierta para el grupo Colina y otros militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.

El juicio al grupo Colina por la matanza de Barrios Altos, que también incluye los casos de la desaparición del periodista Pedro Yauri y la matanza de campesinos en El Santa, ha tenido infinidad de trabas desde que comenzó el 17 de agosto del 2005. El Poder Judicial, y en especial la Corte de Lima, no apoyó al tribunal por lo que solo se realiza una audiencia semanal.
Además, el hospital militar o el Inpe, dependiente del Ministerio de Justicia, daban continuos descansos médicos a procesados justo cuando les tocaba intervenir.

Uno fue el del ex jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, a quien un médico del hospital militar que ni siquiera lo revisó en persona le dio tres meses de descanso. Solo se basó en referencias de su familia.

El dato
Otro enfermo. El juicio debe continuar hoy con la intervención del ex Colina Wilmer Yarlequé Ordinola y en los tres días siguientes dictar sentencia. Sin embargo, el viernes último el Inpe comunicó que Yarlequé se enfermó, por lo que probablemente no asista y se tenga que extender el proceso otra semana más.

Un día histórico: Fujimori condenado a 25 años

Hoy es un día histórico. Finalmente el ex presidente y dictador Alberto Fujimori ha sido declarado CULPABLE de los cuatro cargos de imputación, y sentenciado a 25 años de prisión, por sus delitos en contra de los Derechos Humanos (particularmente por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos), y además por los secuestros del empresario Samuel Dayer y el periodista Gustavo Gorriti, entre otros tantos delitos de corrupción. Alberto Fujimori, quien gobernó el país desde 1990, instauró su dictadura con un infame golpe de Estado en 1992, persiguiendo, amedrentando y asesinando impúnemente -y sin juicios de por medio, una diferencia muy grande ya que él ahora gozó lo que nunca tuvieron los tantos desaparecidos-, e instalando un sistema de corrupción y manipulación del país a través del SIN bajo el mando de su socio, Vladimiro Montesinos, articulando una organización criminal, comprando un gran porcentaje de los medios de comunicación más influyentes e instalando una guerra sucia en sus intentos de anquilosarse en el poder. Fujimori, Montesinos y su dictadura infame cayeron el 2000, cuando además de los escándalos en torno al proceso de votación fraudulento, apareció la primera evidencia indiscutible de todo el tramado de corrupción tejido desde su gobierno (el 'vladivideo' Kouri-Montesinos). Fujimori huyó del país en noviembre para renunciar desde Japón vía fax. Su condena de 25 años, por sus delitos contra los derechos humanos, es lo mínimo que se podría esperar para un presidente que instaló una de las maquinarias más perversas, asesinas y mafiosas de operar de nuestra historia reciente, sentando este fallo un precedente importante, local e internacional, para decir firmemente que agravios como estos no pueden quedar impunes. Histórico, sin duda.

[imagen 1: Colectivo Piensa, de la instalación NI LANA PA´ TRASQUILAR, NI CARNE PA´L MATADERO, fotocopias intervenidas, 2001 /imagen 2: Eduardo Villanes, Proyecto Leche Evaporada, acción en la vía pública en protesta ante la Matanza de la Cantuta, 1995]